Han pasado dos años de la entrada en vigor de la “Norma Cívica” y parece que se ha apagado el interesante debate que produjo acerca del problema de fondo y del contenido propio de la ordenanza, destinada en teoría a limitar los abusos que se ejercen en el ejercicio de los derechos dentro del espacio público (mendicidad "coactiva", prostitución "agresiva", botellón "perturbador o peligroso", juegos acrobáticos "molestos" etc...)
Esta norma fue criticada por suponer, como siempre en estos caso, un instrumento susceptible de ser manipulado con fines distintos de los nobles propósitos que en teoría persigue, es decir, que si bien es verdad que abusar de los derechos es limitar las libertades de los demás, en este caso, una vez más, las medidas represivas no solucionan el problema de raíz y someten los derechos y obligaciones del ejercicio de la ciudadanía a la voluntad en la interpretación de los términos que adjetivan las actividades que se vigilan.
Que gran responsabilidad y que gran poder se les otorga de esta manera a quien no tiene el papel de juzgar en esta sociedad. No es el agente quien debe decidir que mendicidad es coactiva, que prostitución es agresiva, que botellón es perturbador o que juego acrobático es molesto, ya que son adjetivos imprecisos y que se pueden aplicar a cualquier otra actividad sin que por ello estén vigiladas por una ordenanza especial como esta. O acaso no se da en ocasiones el consumo coactivo, el deporte agresivo, la conversación perturbadora o la circulación molesta. Si la coacción o la violencia ya suponen delito, el debate es si se permite la prostitución y la mendicidad o no se permiten, si se le pone solución o no se le pone y la intención con que se realice ya está regulada por el derecho penal. Me refiero a que si se van podando de esta manera tan engañosa los derechos, se corre el riesgo de alcanzar mayor libertad en la terraza privada de un bar en una plaza, que en el banco público de enfrente y esto es un agravio comparativo tal, que no tiene ninguna justificación que no sea comercial, desde luego en absoluto una que persiga objetivos cívicos ya que supone al contrario, perpetuar la posibilidad de adquirir mayores libertades si se dispone de dinero.
Creo que a estas alturas, sofocadas las protestas, ni siquiera corren el riesgo en el consistorio de Barcelona de caer en impopularidad si llamaran a la norma por su nombre “Norma para evitar el entorpecimiento del comercio y el turismo por parte de indeseables” o como se llamó en es siglo XIX a la haussmanización en el París de las revueltas de la comuna, “El embellecimiento estratégico”.
Otra idea que brindo es que acaben regulando desde los ayuntamientos el comportamiento ciudadano en el espacio público como se hace con los coches, con precisas señales de circulación ya que es a circular únicamente a lo que se está relegando dicho ejercicio. Se podrá crear así un código estricto del que podamos examinarnos para obtener un permiso. Así al menos no estaremos a merced de la interpretación de nuestros actos por parte de los agentes de seguridad y del humor que tengan o de las necesidades de recaudación del ayuntamiento, y siempre podremos atenernos al libro.
